Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico, que tuvo lugar el pasado 25 de mayo, ha surgido un *pequeño problema en algunos municipios* de nuestro país, y es que el redactado legal vigente desde hace unas semanas otorga la facultad para retirar vehículos a la autoridad encargada de la gestión del tráfico, lo que en principio se traduce en *la figura del Alcalde*.
Evidentemente, esta puerta que queda abierta al *recurso* que puede presentar cualquier conductor que se haya visto sorprendido por la *grúa municipal* tras dejar el coche en doble fila se cierra en el momento en que *el Alcalde delega en la Policía Local* esa atribución que le da la Ley, pero a pesar de eso no podemos evitar pensar en algunas de las consecuencias que tiene la aplicación de este curioso redactado.
La primera de ellas es lo que haya hecho cada municipio hasta que no se declare esa delegación de atribuciones. Es decir, entre el día 25 de mayo y la fecha en la que entre en vigor el decreto o la ordenanza en virtud de los cuales la Policía Local es legalmente la autoridad encargada de la gestión del tráfico, hay un *amplio abanico de días* durante los cuales la actuación de la grúa podría ser tildada de *ilegal*… a no ser que la delegación de funciones se realizase con retroactividad, claro.
Pero como de momento no hay nada en firme, andan *con pies de plomo* en algunas ciudades, donde hace días que la grúa no opera por si acaso. Mientras tanto, cualquiera puede dejar su coche *en medio de la calle* al grito de «es sólo un momentito» sin que nadie retire ese vehículo que molesta a los demás.
Por otra parte, tenemos que la DGT afirma que el texto se dejó así de abierto «de modo deliberado» para que cada municipio decidiera cómo autorregularse. Lo cual es un detalle que honra a quienes han elaborado el documento… salvo por un ligerísimo detalle: que podrían haber *comentado este asunto con los municipios* de forma exhaustiva para que con la aplicación de la Ley no hubiera habido sorpresas en algunos consistorios.
Pero quizá lo más inquietante sea eso que han dejado caer algunos asesores jurídicos consultados por el periódico El Correo, que aseguran que el ambiguo redactado podría dar el pistoletazo de salida a *la privatización del servicio de las grúas municipales*.
Y si esto prosperase, lo único que nos quedaría por pedir sería que las empresas que se dedicasen al enganche de vehículos cazados en plena infracción no dependieran únicamente de esas actuaciones sino de otras como *la asistencia en carretera*, por ejemplo. De lo contrario, podría ser que un empleado ávido de nómina o de preservación de su contrato hiciera _cualquier cosa_ con tal de llevar y traer vehículos a destajo. Y entonces ya podríamos ponernos todos a cubierto, por si las moscas.
