“Se debe decomisar el coche a quienes lo utilizan como un arma de violencia vial, y estamos estudiando la manera jurídica de hacerlo”. Esas fueron exactamente las palabras de Bartolomé Vargas, jefe de la Fiscalía de Seguridad Vial, durante el transcurso del V Foro contra la violencia vial.
Seguramente, la medida puede generar una diversidad de opiniones importante, pero si yo me tengo que mojar, lo haría sin lugar a dudas por defenderla y aplaudirla, pues *no hay mejor manera de impedir que un asesino mate que quitarle la pistola*.
Está claro que este tipo de medidas tan extremas vienen acompañadas por muchos debates paralelos. Salvando muy mucho las distancias, sería algo así como la eterna discusión de la pena de muerte: está bien que les quitemos el coche a los infractores graves y reincidentes, ¿pero y si nos equivocamos en juzgar a una persona como tal sin serlo realmente?
No me cabe la menor duda de que en caso de tirar adelante con la propuesta, que vuelvo a repetir que me parece acertadísima, se establecería un marco sancionador muy claro y estricto para *castigar únicamente a los que lo piden a gritos cada vez que tocan un volante*. Esa es la verdadera clave de que esta medida sea un auténtico éxito, o simplemente una fuente de polémicas.
Evidentemente, los casos a los que apuntaba el propio fiscal en declaraciones a RNE, señalando como uno de los objetivos de esta propuesta “a las personas que conducen sistemáticamente pese a que tienen retirado el carné de conducir o aquellos que conducen sistemáticamente embriagados”, son ejemplos claros de gente que no debe tener derecho a disponer de vehículo. Si se acaba de definir con rigor el espectro de lo que consideramos “asesinos al volante”, podemos estar ante *una medida muy necesaria en nuestro país*.
Vía | El Mundo
