La evolución de la tecnología en la automoción ha convertido a la seguridad pasiva en una pieza clave de la protección vial que se centra en el propio vehículo. La misión de la seguridad pasiva es reducir al máximo los posibles daños que puedan suceder durante el tránsito, minimizando impactos y consecuencias negativas.
De hecho, cuando se piensa en adquirir un vehículo, una de las prestaciones que más se demandan tienen que ver con este tipo de seguridad. Se busca una tecnología avanzada que permita la máxima eficacia en el campo de la seguridad pasiva. Esto es en la actualidad un argumento de venta más. Solo hay que echar un vistazo histórico a lo ocurrido en las últimas décadas con los cinturones de seguridad o el sistema airbag.
Se han convertido en elementos imprescindibles en la lucha contra la siniestralidad vial. De ahí que exista una especial vigilancia a los suministradores de esta tecnología en la industria. Desafortunadamente, cinco compañías fabricantes de estos sistemas han sido protagonistas a finales de este 2017 por aprovecharse, desde un punto de vista económico, de la necesidad de su instalación en los vehículos.
Cinco fabricantes de airbags y cinturones multados con 34 millones de euros
Los fabricantes en cuestión son Tokai Rika, Takata, Autoliv, Toyoda Gosei y Marutaka. Estos llevaban varios año en el punto de mira de varias autoridades por estrategias de competencia desleal La Unión Europea investigaba el asunto desde el año 2011. Finalmente, ante la consolidación de esta persecución legal, las propias compañías han terminado reconociendo lo ocurrido.
Los fabricantes de airbags y cinturones han venido intercambiando entre ellos información confidencial y pactando precios en diferentes mercados en relación a la venta de estos elementos de seguridad pasiva. Europa ha sido solo uno de los puntos del planeta donde estas prácticas han terminado afectando a la fabricación y precio de los vehículo.
La máxima responsable en cuestión de política de competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, lo ha expresado así:
Los cinturones de seguridad y los airbags protegen vidas todos los días y son un elemento esencial en todos los coches que transitan por la Unión Europea. Estos cinco proveedores que han sido multados por conspirar con el objetivo de maximizar sus beneficios, aprovechándose de la venta de estos elementos.
Añade, al mismo tiempo, que esto ha ocasionado que los costes de estas partes de los vehículos se hayan incrementado en el proceso de fabricación de coches en Europa, lo que ha afectado potencialmente al cliente final.
La multa podría haber sido aún mayor
La Unión Europea establece así un precedente de sanción para tratar de evitar futuros conspiraciones que tengan que ver con la seguridad de los vehículos. Y es que, no era la primera multa a la que los fabricantes de airbags y cinturones se han enfrentado. En 2015, en el caso de la compañía sueca Autoliv, este llegaba a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para rebajar su multa en 81 millones, consecuencia de prácticas análogas.
En el mismo país se han sucedido varios casos que han llevado a batir algunos récords, como el de mayor número de coches llamados a revisión fruto de estas prácticas en el sector de la automoción o la mayor acumulación de multas para la industria del automóvil.
La sanción de la Unión Europea ha supuesto un nuevo impacto para los fabricantes de airbags y cinturones, y eso que la colaboración final ha sido fundamental para evitar que la multa sea aún mayor. De este modo, Takata ha evitado esta vez una sanción de 74 millones de euros por revelar tres de esos pactos y organizaciones ilíticas. Con todo, el futuro de esta compañía en concreto está en el aire. Tokai Rika también ha recibido un trato similar como consecuencia de adelantarse y haber delatado, por iniciativa propia, las prácticas ante la misma Comisión Europea.
Evitar futuros carteles
Estas multas llegan con una gravedad disuasoria de futuras prácticas de este tipo. Y es que es mucho que lo que puede aportar la industria por la seguridad vial. Por ese mismo motivo, es en este ámbito más que en cualquier otro donde la legalidad se ha de cumplir de forma escrupolosa.
De hecho, la cuestión amenaza con volverse aún más compleja en los años venideros. El motivo es que estos sistemas de seguridad van a verse implementados con la llegada de nuevas tecnologías revolucionarias, las relacionadas con la conducción autónoma.
La industria se prepara para una revolución que ayudará a que los accidentes de tráficos y sus consecuencias más fatídicas se reduzcan hasta extremos inimaginables. Por eso, se ha de reconsiderar y construir de inicio, para la llegada conducción autónoma, un entorno legal e industrial en el que primer la transparencia. La seguridad en los vehículos nunca ha de ser objeto de prácticas ilegales.
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