Quienquiera que gane en los comicios que hoy se celebran en España tendrá que fijar la Seguridad Vial como una de las principales prioridades de la próxima legislatura. Esta es la exigencia lanzada por las asociaciones de víctimas con las elecciones generales como telón de fondo.
La medida estrella que reclaman diversos colectivos comprometidos con la Seguridad Vial pasa por crear un organismo de gestión con funciones mayores que las que acomete la DGT, un organismo que aglutine los diversos aspectos que rodean a la circulación y que en la actualidad quedan diluidos entre diversos ministerios (Interior, Fomento, Educación, Sanidad, Justicia e Industria).
Tiempo atrás las diferentes formaciones políticas recibieron de las principales asociaciones de víctimas una lista de propuestas de mejora en este terreno, que coincidían con las medidas que se recogieron en el Libro Verde de la Seguridad Vial, presentado por la FUNDACIÓN MAPFRE y la AEC.
Ahora, cuando los partidos recogen esas sugerencias en sus programas, lo que se les pide es que asuman un verdadero compromiso con la disminución de la siniestralidad y los daños que de ella se derivan. Vamos, que al llegar al cargo cumplan sus promesas electorales, que para eso les pagamos.
En efecto, no estaría de más que a partir de la siguiente legislatura la clase política volviera a debatir sobre los asuntos que interesan a las personas que los eligen. Más allá de las peleas generadas desde las mismas sedes de los partidos y coreadas por los diversos medios de comunicación que les son afines, el drama de la carretera es uno de los problemas cotidianos de las personas.
Por cada fallecido o herido grave en un siniestro, hay un centenar de personas que sufren las consecuencias de forma más o menos directa. Y tal y como van las cosas, cualquiera puede verse involucrado en un suceso así. Por eso resolver esta cuestión no es un capricho, sino una necesidad urgente de la sociedad.
Vía | Público
Imagen | Flickr (José Alberto Rodríguez)
