El señor *Guillermo Fernández Vara* es el presidente de la Junta de Extremadura, un alto cargo dentro de el pluralismo administrativo de nuestro país. Como alto cargo que es, *tiene coche oficial*, hasta aquí lo normal. Pero ha saltado a la palestra por haber sido sorprendido a muy alta velocidad, 170 km/h en zona 120.
El señor Fernández Vara no conduce su coche, como otros altos cargos, *sino un chófer*. El pasado lunes fue interceptado y parado su coche oficial al haber sido sorprendido por agentes de la Guardia Civil. Tras comprobar la cuestión con sus superiores, se le dejó marchar, pero se le extendió la preceptiva «receta» (multa).
Como iba diciendo, Fernández Vara no conduce, *pero es el que pone la hora de llegada al conductor*. Si no es posible llegar a velocidades legales, pues si hay que ir «a toda leche», pues se va, que para eso es un alto cargo. Ahora bien, ¿por qué él sí puede y un ciudadano normal no puede? ¿Pertenece a una casta especial?
El lunes todavía no había entrado en vigor la reforma de la Ley de Seguridad Vial, el conductor habría hecho frente a 300 euros de multa y la retirada de dos puntos del carnet. Pero en ese momento, la norma decía que semejante exceso de velocidad *se penalizaba con 200 euros y tres puntos del carnet*.
Obviamente quien merece la sanción es el que pidió al conductor ir deprisa, diga lo que diga la Ley. El señor Fernández Vara aludió a su apretada agenda como excusa para tener que circular a esas velocidades, o de lo contrario, no podría cumplir con sus compromisos. *Ahí hay un problema que debe solucionar*.
Segundo, *se debería eliminar esa impunidad de la que suelen disfrutar los coches oficiales*, y que si no es estrictamente necesario, que cumplan con las normas de tráfico como todo hijo de vecino. Si no, las multas o no se cobran, o las pagamos los contribuyentes, lo cual es totalmente esperpéntico.
No sé si es para salvar los trastos, pero ha afirmado que debe replantearse la confección de la agenda porque, de seguir así, «pongo en peligro la vida de los que van conmigo y la mía misma». *Acaba de descubrir la pólvora*. Su cargo no es una excusa, a menos que hablemos de un motivo de fuerza mayor.
*Las reglas del juego tienen que ser para todos, independientemente de su estatus social*. El día que un político protagonice un accidente de tráfico y salga en los periódicos que el problema fue su grandísima prisa, el colectivo en cuestión va a perder aún más puntos de cara a la opinión pública. Normal.
Si el Gobierno justifica las sanciones de exceso de velocidad _en pro_ de la seguridad vial, debería dar igual que el que va corriendo sea un _calorro_, un inofensivo padre de familia (cójase con pinzas) o un político con la agenda apretada. Si es peligro, es peligroso, y punto pelota. ¿O es para recaudar?
Fuente | «PRseguridadvial»:http://www.prnoticias.com/index.php/prseguridadvial/168/10056607
