El Tribunal de Cuentas Europeo ha anunciado recientemente su intención de auditar las políticas de movilidad de sus estados miembros. España será uno de los países visitados, con el punto de mira en las políticas anticontaminación. Las decisiones políticas tomadas nuestros ayuntamientos podrían ser decisivas para ser o no sancionados.
La movilidad, un problema en toda Europa
La Unión Europea se encuentra preocupada por las condiciones de habitabilidad en las ciudades, que al fin y al cabo son las de la mayoría de los ciudadanos europeos. Se estima que el 70% de la población de Europa se encuentra en áreas urbanas, y la previsión es que esta cuota aumente hasta el 80% en 2050. Los problemas de movilidad y los efectos de la polución son las mayores preocupaciones, por su efecto en nuestro estilo de vida y por el impacto económico que supone.
Según un Eurobarómetro, en torno al 60% de los ciudadanos europeos consideramos la congestión del tráfico como problema que más afecta a nuestra movilidad en la ciudad. Afecta en el día a día, en el tiempo de nuestros desplazamientos y en nuestro estado de ánimo. Económicamente, la ineficiencia en las redes de transporte urbano supone un sobrecoste de unos 110.000 millones de euros al año, más del 1% del PIB del conjunto de la UE.
En cambio, una gestión más eficiente de la movilidad propiciaría una circulación más fluida. Según estudios, reducir un 10% los tiempos de desplazamiento supone un aumento de la productividad en un 2.9%; lo que en las regiones con un alta congestión significaría un aumento de la productividad de hasta el 30%.
Otro aspecto clave es el problema de la contaminación. La movilidad urbana representa el 40% de todas las emisiones de CO2 del transporte por carretera, y hasta el 70% de otros contaminantes del transporte. Según el Tribunal de Cuentas Europeo, la polución es el mayor riesgo ambiental para la salud en Europa, y la OMS advierte de que el 96% de los ciudadanos europeos que viven en áreas urbanas están expuestos a niveles considerados dañinos. Económicamente, supone varios cientos de miles de millones de euros al año para los gobiernos de los estados miembros.
60.000 millones que deben ser justificados
Ya hemos visto en Circula Seguro los problemas de movilidad que adolecen muchas ciudades europeas, en concreto las grandes capitales (y Madrid no se salva tampoco). Todo ello es el motivo por el cual la Unión Europea ha establecido políticas de fomento y planes de movilidad sostenible para que los estados miembros pudieran atajar al menos parte de sus problemas. En total han sido más de 60.000 millones de euros de presupuesto europeos los que se han destinado a poner en marcha estas políticas entre los años 2014 y 2020.
Una cantidad importante que ha llevado al Tribunal de Cuentas Europeo a querer auditar ahora estos planes y políticas. Este tribunal es el encargado de fiscalizar y controlar las cuentas de instituciones europeas y estados miembros. Y por tanto es el encargado ahora de comprobar si se han destinado bien esos 60.000 millones de euros. Para ello, auditores europeos visitarán ciudades de Alemania, Italia, Polonia y España.
La auditoría se centrará en cómo se ha implementado las distintas políticas de movilidad, y en concreto en los siguientes aspectos:
- Los progresos conseguidos entre 2014 y 2020 en reducción de la congestión urbana.
- El uso que se le ha dado a esos 60.000 millones, y en concreto la relación coste-beneficio de las distintas medidas tomadas.
- La eficacia de la Comisión Europea a la hora de fomentar y establecer estrategias consistentes y sostenibles en los estados miembros.
España, en el punto de mira de los auditores
La situación de España es comprometida. En Europa preocupa cuestiones de nuestro país como la alta dependencia del vehículo particular, la escasa integración de las distintas formas de transporte y la alta siniestralidad en los desplazamientos laborales. Pero España siempre ha estado en el punto de mira del Tribunal de Cuentas por superar constantemente los límites de contaminación impuestos por la UE.
Los altos niveles de polución especialmente en Barcelona y Madrid han sido históricamente muy preocupantes; pero medidas drásticas y eficaces como Madrid Central han mostrado a la UE el compromiso de España con las políticas comunitarias. En conjunto, nos ha evitado la apertura de expedientes reguladores por incumplimiento, que sí han recibido países como Alemania, Francia o Reino Unido; y multas de hasta 500 millones de euros, según el Ayuntamiento de Madrid.
Y aquí es donde está la cuestión, pues tras las recientes elecciones municipales Madrid Central podría tener los días contados. Los potenciales candidatos a formar gobierno en el consistorio madrileño llevaban en su programa electoral la derogación del plan o, al menos, el replanteamiento de sus restricciones. Ello supondría no solo justificar tal decisión (Madrid Central ya había sido avalado por la UE), sino también volver a ponernos entre los países de cola. Que España vaya a ser el único estado miembro visitado por los auditores del TCE, de entre aquellos que aún no han sido sancionado, podría decirnos cuál será nuestro destino.
Imágenes | Unsplash/ZSun Fu, Unsplash/Pedro Gandra, PxHere, Diario de Madrid
