Código penal y ciclistas: mayor protección para los más vulnerables

Redacción Circula Seguro

10 de octubre de 2022

El pasado 15 de septiembre entró en vigor una nueva revisión del Código Penal, llamada popularmente “Ley Ciclista”, que busca acabar con la impunidad de las imprudencias al volante, responsables de causar lesiones e incluso muertes. La reforma establece que debe considerarse “objetivamente delito” cualquier imprudencia que se produzca conduciendo un vehículo a motor o ciclomotor con consecuencia de muerte o lesiones importantes y que venga precedida de una infracción calificada como grave en la Ley de Seguridad Vial. Por ejemplo, saltarse un stop, un semáforo o una señal de ceder el paso.

Nunca como leve

En esos supuestos, la imprudencia ha de ser calificada, como mínimo, como menos grave, pero “nunca como leve”, tal y como establece la nueva disposición. El objetivo de la ley es evitar los resquicios de una reforma previa realizada en 2015 que estaba provocando que prácticamente “por rutina” -según detalla la propia ley- los tribunales consideraran imprudencias leves estas situaciones.

Como consecuencia de esta consideración, muchos de los procedimientos acaban archivados y en otros casos, acababan en la jurisdicción civil, donde las víctimas y sus familias tenían que pagar de su propio bolsillo un informe de valoración de daños. La nueva ley acaba con el archivo automático y no motivado de la inmensa mayoría de las causas. No podrán existir archivos si se comete una infracción a una norma de tráfico y a causa de esa infracción se provocan las lesiones o el fallecimiento. De esta manera, se obliga a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y policías locales) a instruir un atestado cada vez que haya un siniestro vial con lesionados o víctimas, y a de remitirlo a la autoridad judicial.

Por la vía penal

De esta manera, se facilitará que los casos de percances de tráfico con muertos o heridos con lesiones relevantes que tengan lugar tras cometer una infracción calificada como grave, sean resueltos por jueces en la vía penal y se evitará que puedan subjetivamente apreciar la inexistencia de delito y cerrar las diligencias sin una mínima instrucción.

Además, si existe un incidente causado por imprudencia grave y se huye del lugar de los hechos, esta circunstancia se considerará como delito de fuga de un modo inequívoco.

Prisión

La pena de prisión, en todo caso, estará reservada para los supuestos severos. En los casos de imprudencias menos graves en los que se provoquen lesiones relevantes que requieran tratamiento médico o quirúrgico, pero que no sean invalidantes, no habrá penas de cárcel. Estos casos se resolverán con penas de entre uno o dos meses. Con ello, no será necesario estar asistido de abogado y procurador, y el proceso lo llevará un juez de instrucción “sin menoscabo de todas las garantías para la víctima”, dice la ley.