política

Hace unos diez meses os expliqué que el primer control de velocidad media en España (el mal llamado radar de tramo) entraba en fase de pruebas en el túnel de Vielha. Pues bien, dichas pruebas han terminado, y desde ayer 12 de julio el invento ya puede sancionar.

Como ya dijimos en su día, este tipo de controles de velocidad pueden fácilmente tener un error de medición inferior a 1km/h, y la precisión aumenta proporcionalmente a la distancia entre ambos puntos de medición. Por lo tanto, el margen de error es tan pequeño que permite multar a quien pase en un sólo kilómetro por hora de la velocidad máxima permitida.

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Y como no hay dos sin tres, después de hablar de Fernández Vara y de Willy Toledo, hoy toca hablar de Josep Lluís Carod-Rovira, un señor con bigote que ha reverdecido en los medios al saberse que su coche oficial fue fotografiado a 175Km/h en una autovía donde la velocidad máxima es de 120Km/h. Y leyendo los comentarios que suscita la noticia entiendo que a la gente le encanta que ocurran estas cosas.

Que no se me malinterprete, que yo no estoy a favor de que nadie circule por ahí a más velocidad de la señalizada y mucho menos estoy a favor de que un señor exija a otro que tiene que estar en tal o cual destino a una hora imposible de cumplir. No se trata de eso: la Ley tiene que ser para todos igual, claro que sí, pero me llaman la atención las reacciones que producen este tipo de noticias en las personas mal llamadas anónimas.

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Andan revolucionados estos días los despachos de la capital catalana porque de forma oportuna vuelve a ganar peso el debate sobre la limitación de velocidad en el área de Barcelona. Frente a la opinión generalizada de que limitar la velocidad a 80Km/h no ha dado los frutos que algunos esperaban han aparecido oportunas aportaciones que afirman que deslimitar la velocidad sólo acarreará consecuencias perniciosas para el aire de la ciudad y lo que la rodea.

Y como por aquí estamos en campaña electoral por el futuro de la Generalitat, todos estos oportunos comentarios tienen un pésimo tufo a oportunismo, pero han servido para dar cancha, una vez más, al sentido común que dice que no por circular a 80Km/h la calidad del medioambiente va a mejorar de manera sustancial. Ahora es divertido leer las reacciones de cada cual para hacerse una composición mental de la olla de grillos formada por los que gobiernan y por los que opositan para gobernar en Cataluña, y para vislumbrar lo que nos espera a los demás en torno al asunto de la limitación de velocidad, que tan pronto pende de un hilo como lo quieren extrapolar al resto de las carreteras de la comunidad y, si la DGT quiere, al resto de las ciudades de España.

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Medida polémica a la vista. El Ayuntamiento de Puigcerdà quiere repartir el dinero recaudado en sanciones de tráfico entre los conductores que no hayan sido sorprendidos por la Policía Local dándole una patada al Reglamento de la Circulación. Dice el alcalde de la localidad del Pirineo catalán que así se demuestra que no hay afán de recaudación municipal en el hecho de sancionar infracciones.

En palabras del máximo responsable político del municipio, el objetivo de esta iniciativa pionera es que la gente conduzca mejor y que los ciudadanos sepan que respetar la Ley también tiene premio. Ojo, que con lo que se saquen del botín, tampoco van a tener como para grandes celebraciones. Los cálculos publicados en El Periódico de Catalunya hablan de unos 10 a 12 euros por conductor.

Pero dejando de lado lo suculento de la recompensa, la pregunta es: ¿Debemos compensar económicamente a los conductores que no infringen la Ley?

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La teoría parece sencilla. Como agregación de personas condenadas a compartir demarcación geográfica, la sociedad elige unos cuantos representantes, de entre los más cualificados, que se encargarán de estudiar las normas por las que se rige nuestra convivencia. En teoría, las leyes que nos conviene más a todos, que para algo los ponemos para que nos representen.

Vale, ahora todos los que miramos los telediarios día a día, estamos rodando por el suelo sufriendo un ataque de risa. Pero se supone que es así. Si hay una ley, en principio es por nuestro bien común. Y las de Seguridad vial no son una excepción.

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Cuando creíamos que el eterno debate sobre la conveniencia de aumentar los límites de velocidad se decantaba hacia el bando de la reducción de límites por razones de seguridad, una noticia publicada anteayer en Expansión tiene todos los números para convertirse en la incongruencia vial del verano y, por méritos ganados a pulso, seguramente del año entero. El titular era, como poco, espectacular:

Fomento quiere que se conduzca a 140Km/h en las autopistas de peaje

Tras leer comentarios aquí y allá y darle un par de vueltas al asunto, llegué a la evidencia de que nuestros representantes públicos han decidido quitarse la máscara de una vez por todas y mostrar dónde reside el verdadero espíritu de la educación vial que comunican a la población: en la ventanilla de pagos.

Ya lo vimos cuando hablamos de la reforma de la Ley de Seguridad Vial: Estamos ante la mercantilización de la seguridad vial. Si tienes dinero para pagar, no se te aplican algunas máximas como esa que dice que a mayor velocidad, mayores son los daños en caso de colisión y que no se puede ir a 121 Km/h porque… es peligroso.

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El “carácter eminentemente reeducador” con que se nos presentó en 2005 la reforma de la Ley de Seguridad Vial para introducir el Permiso por Puntos que entraría en vigor en verano de 2006 se va esfumando poco a poco. Las últimas modificaciones que se han dado a conocer introducidas en el proyecto de reforma legal a instancias de CiU transforman un sistema de crédito construido sobre la base del civismo vial en otra cosa.

“Pórtese usted como le venga en gana, mientras pueda pasar después por caja” es el mensaje que se desprende de las nuevas apostillas a la Ley aprobadas ya por la comisión parlamentaria que trabaja el texto. Ni reproche jurídico ni reeducación vial. Volvemos a los tiempos del mercantilismo puro y duro, donde una infracción se salda con una penitencia económica y poco más. Volvemos a poder infringir las leyes a golpe de talonario, quedando las posibilidades de cada cual sometidas al bulto que le haga la cartera en el bolsillo interior de la americana.

Pero los detalles que se han conocido sobre la reforma legal no sólo se refieren al Permiso por Puntos. Hay un poco de todo, y quizá sea bueno darle un repaso a algunas de las principales cuestiones planteadas:

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En estos tiempos de bonanza económica en que nuestros responsables públicos apenas tienen problemas que resolver, ha saltado a la luz una propuesta de la Generalitat de Catalunya para llevar al terreno de la realidad palpable una idea que hace ya algún tiempo, allá por el año 2002, causó cierto debate entre la población. Ahora es el director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya, quien pide que las placas de matrícula de nuestros vehículos luzcan una identificación territorial distintiva de la comunidad autónoma en la que resida el vehículo. Esta propuesta se formulará mañana en el Congreso de los Diputados, para que pueda ser operativa en toda España.

Antes del año 2002, en las placas de matrícula se encontraba el distintivo provincial del lugar de matriculación del vehículo. Si un titular compraba su coche en Madrid, le tocaba una M. Si lo compraba en Barcelona, le tocaba una B. Si luego ese titular se mudaba de una ciudad a la otra, debía cargar con el sambenito de la matrícula “de fuera”.

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El carnet por puntos colabora en reducir la impunidad de los infractores habituales, que lo tenían tan sencillo como soltar unos billetes y aquí no ha pasado nada. En teoría, cuando te retiran los puntos, te retiran el permiso, y si te pones otra vez al volante cometes un delito. Esto no siempre se lleva a la práctica.

Puede parecernos comprensible, e incluso, necesario, que los agentes de policía, bomberos o ambulancias cometan infracciones, bajo su responsabilidad, para acudir con presteza a una emergencia. En estos casos, la rapidez es primordial y no podemos aplicar las normas de la misma forma. Además de estos agentes, tenemos otras excepciones de facto que ya no se ven tan bien.

Es un secreto a voces que diversos políticos y personalidades se mueven en coches oficiales, conduciendo ellos o no, saltándose todas las normas del tráfico que estiman oportunas con la excusa de la seguridad. Más de uno habrá sido adelantado por un coche de alta gama, con lunas tintadas, escoltado por varios compactos o berlinas de gran potencia.

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