... y llevará a la cárcel a quien cambie repentinamente de carril, a la brava y sin avisar. Si esta noticia hubiese salido ayer aquí, todo el mundo habría pensado que se trataba de una inocentada, pero no. Va en serio, muy en serio: la reforma legal de Gran Bretaña llevará a la cárcel a los conductores ingleses o galeses que hablen por el móvil, lean un mapa al volante o se piquen con otros conductores. Dos años a la sombra por estos delitos y cadena perpetua para el conductor que sea hallado culpable de causar la muerte a otras personas: el accidente pasará a ser considerado asesinato.

En cuanto a las sanciones económicas, aparte del asunto de mojar al prójimo tras pasar por un charco (en un país que vive con el paraguas colgado del brazo, por cierto), están otras situaciones valoradas en 3.500 euros: despistarse por encender un cigarrillo, distraerse al sintonizar la radio o programar el GPS en marcha merecerán la consideración de “conducción descuidada”. Los autobuseros también podrán ser sancionados con la misma cantidad si crean alarma entre los pasajeros que transporten. Es lo que se denominará “conducción desconsiderada”.

En España, el Fiscal Jefe de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha manifestado ya su acuerdo con la reforma británica en un aspecto que esbozábamos hace unos días: un accidente raras veces es un accidente, de manera que el conductor que provoque la muerte de otra persona debería ser automáticamente acusado de homicidio. Otra cosa sería que el juez desestimase los cargos y dejara el caso en un mero homicidio imprudente, que se saldaría con una sanción económica.

En cualquier caso, parece que la exigencia comunitaria para que los diferentes miembros de la UE reduzcan al 50% sus víctimas de tráfico está siendo leída por los gobiernos en clave de endurecimiento de las sanciones mientras se descuidan otros aspectos, como la formación continuada de los conductores y la mejora del entorno social en que convivimos todos cada día. Habrá que ver si nuestros mandatarios no están empezando la casa por el tejado.

Vía | El Mundo

Uno de los comentarios que suscitó la reforma del Código Penal fue que el nuevo escenario legal supondría llevar a todo el mundo a pasar una temporada a la sombra, por aquello de que nadie conduce correctamente y todo hijo de vecino pasaría a ser criminal de guerra con sólo salir a la calle.

Nada más lejos de la realidad. El delegado de Seguridad Vial de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, José Poyatos, lo deja claro en esta entrevista: los medios de comunicación magnifican el contenido de esta reforma legal, pero resulta que las cárceles ya están demasiado llenas.

Entonces, ¿a qué viene tanto ruido con la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial? Si no se puede entrullar a cualquier Filomeno por conducir beodo o por circular a lo que dé el acelerador de su coche, ¿de qué estamos hablando?
Es cierto que el Código Penal establece que un condenado a pena de prisión inferior a dos años no irá a la cárcel si no confluyen otras figuras delictivas como causar la muerte o daños graves a otras personas. Sin embargo, la persona que incurre en un delito de esa envergadura debe saber que desde ese momento tendrá que portarse como un angelito durante dos o tres años.

Si una persona a quien se le conmuta una primera pena comete un nuevo delito vial, la segunda pena que se le imponga sí que la pasará entre rejas y, de paso, se llevará puesta también la primera, la que no llegó a cumplir.

Dicho de otra manera, la reforma del Código Penal debe leerse en clave de segunda oportunidad para el que gusta de hacer cosas raras con el coche por la avenida del pueblo. Segunda oportunidad, no tercera ni cuarta. La reforma del Código Penal no es un cheque en blanco, pero tampoco es una masacre dirigida contra la ciudadanía.

Vía | ABC

Imagen | USO

En Circula Seguro | Reforma del Código Penal en materia de tráfico, Los conductores temerarios se librarán de la cárcel si cuidan de las víctimas, 154 detenidos en los dos primeros días de aplicación del nuevo Código Penal

Estos días conocemos la noticia de que han sido “detenidas” 154 personas entre el día 3 y 4 de Diciembre, los dos primeros en los que la reforma del Código Penal entraba en vigor.

El entrecomillado de la palabra detenidas no es casual: al ver esta noticia me preguntaba hasta qué punto se referían a una detención al estilo del que trata de ilustrar la fotografía adjunta, o bien se refería a que han sido parados en la carretera y multados como hasta ahora, y la palabra era utilizada por la DGT como parte de una campaña para hacer llegar el mensaje de la reforma.

Pues bien, hay parte de las dos cosas. Es posible que se haya dado el mensaje a la Guardia Civil de realizar un mayor número de controles los primeros días para poder generar la noticia, pero también es cierto que estas personas efectivamente han sido detenidas y han comparecido ante un juez, y algunas de ellas (no se sabe cuántas) condenadas a penas de prisión, si bien al no tener antecedentes penales no irán a la cárcel, aunque sí deberán pagar una multa y realizar trabajos sociales compensatorios.

De estas 154 personas, 151 superaban la tasa de 0,6 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, mientras que los otros tres superaban los 110 km/h en ciudad o bien superaban en más de 80 km/h la velocidad máxima de una carretera.

La conclusión es clara: parece que ningún conductor irá a la cárcel directamente con la primera infracción grave, pero sí será detenido, tendrá que pagar grandes multas, realizar trabajos sociales y acumular antecedentes penales que sí lo enviarían a prisión si reincide.

Vía | El País
En Circula Seguro | Reforma del Código Penal en materia de tráfico

Endurecer la legislación para que cometer infracciones de tráfico potencialmente peligrosas no sea de balde es una de las medidas necesarias para reducir la siniestralidad, sin embargo también es una de las más polémicas.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma del Código Penal, que tipificará como delito algunas infracciones que hasta ahora no lo eran, con lo cual la actuación de la justicia será diferente y podrán imponerse penas de cárcel para los infractores. Estos son los principales cambios:

Límites de velocidad: Se considerará delito, que podrá ser castigado con penas de entre 3 y 6 meses de cárcel, superar los 200 km/h en autovía o autopista, 180 en carretera convencional y los 110 en vía urbana.

Alcohol y drogas: Estará castigado con las mismas penas que el exceso de velocidad consumir bajo el efecto de drogas o superar la tasa de alcohol de 0,6 miligramos por litro de aire espirado. Por negarse a someterse a dichos controles, la pena será de entre seis meses y un año.

Conducción temeraria: Realizar actos que pongan en peligro la seguridad de otras personas podrá ser castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión, además de la retirada del permiso de circulación entre uno y cuatro años. Se tipifica un caso más grave, denominado manifiesto desprecio por la vida de los demás, en el que las penas de prisión aumentan a un rango de entre dos y cuatro años.

Conducción sin carné: Conducir sin tener el carné, tenerlo caducado o habiendo perdido los puntos puede tener una pena de prisión de tres a seis meses. Existe una moratoria hasta Mayo de 2008 con el fin de permitir a los conductores que no lo tienen que regularicen su situación.

Obstaculización de la vía: Manipular las señales de tráfico puede ser castigado con penas de entre 6 meses y dos años de cárcel, al igual que la colocación de obstáculos o líquidos deslizantes que puedan provocar un accidente.

Aclaración sobre las penas de cárcel: Al ver estas cifras, muchos las podrán considerar excesivas, e incluso pensar que pueden ir a la cárcel “por un decuido”. Hay que tener en cuenta que, según la legislación española, una persona que sea condenada a dos o menos años de cárcel y que no tenga antecedentes penales, no cumple la condena. Hay que tener en cuenta este detalle para valorar el justo equilibrio entre presión legislativa hacia los ciudadanos y el extremo de que se puedan cometer delitos y que ésto le salga gratis a los que los cometen.

Vía | EFE/Yahoo

Tres asociaciones relacionadas con la seguridad vial y las víctimas de accidentes de tráfico, Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme), la Fundación Mapfre y la Asociación Española de la Carretera (AEC), han redactado un documento con propuestas sobre seguridad vial para hacérselo llegar a los partidos políticos, con el fin de que las tengan en cuenta de cara a la elaboración de sus programas para las próximas elecciones en Marzo de 2008.

Solicitan a los partidos políticos que este tema sea prioritario, entrando en el debate de campaña electoral y tomándose en serio de cara a la nueva legislatura. En otras ocasiones hemos comentado la problemática de la siniestralidad vial: a pesar de ser un problema que supone más de 4.000 muertes al año, no se le suele dar la importancia que requeriría por parte de los políticos y los medios de comunicación: dicho en otras palabras, la seguridad vial “no vende”.

Estas son algunas de las peticiones que las asociaciones reflejan en el documento:

• Creación de la Agencia Estatal de Seguridad Vial, adscrita a la vicepresidencia del Gobierno
• Aumento de la plantilla de la Guardia Civil destinada a tráfico hasta los 12.000 agentes, y una mejora de sus condiciones económicas
• Corrección urgente de los puntos negros de las carreteras e incremento del presupuesto de conservación
• Obligatoriedad de las auditorías de seguridad vial en la construcción de nuevas carreteras y en las existentes que lo necesiten
• Creación de una especialidad de “medicina de emergencia para accidentes de carretera”.
• Generalización de los contenidos de seguridad vial en la asignatura “Educación para la ciudadanía”.
• Establecimiento de los 16 años como edad mínima para conducir un ciclomotor.
• Mayor control en las convalidaciones de permisos de conducir de países fuera de la UE, cuando los países de origen no los expidan en condiciones equivalentes a los de la Unión.

Vía | EFE/Yahoo

El grupo parlamentario IU-ICV ha realizado una propuesta para que se obligue a los fabricantes a incluir limitadores de velocidad a 180 km/h en un plazo de un año a partir de la aprobación de la propuesta.

Se reabre así el debate sobre este tipo de limitaciones, que no hace mucho también surgió en el Parlamento Europeo. ¿Tendría sentido una medida así? Tiene sus ventajas, aunque también sus muchos inconvenientes.

Se conseguiría reducir el número de accidentes, ¿pero cuántos? ¿En qué porcentaje de los miles de muertos que cada año generan las carreteras está implicado un vehículo que supere los 180 km/h? ¿Y en cuántos de esos accidentes se hubieran evitado víctimas si el vehículo hubiera circulado a 180km/h y no a más?

Intuitivamente podríamos pensar si en vez del limitador de velocidad se obligase a los fabricantes a instalar ESP en todos los vehículos. Probablemente el coste sería mayor, sin embargo el número de vidas salvadas podría ser mucho mayor. Además, podríamos pensar que de este modo se estarían salvado más vidas del grupo de gente “irresponsable” que de los que, aún conduciendo de manera correcta, sufren un accidente que se podría evitar con un coche con más equipamiento en materia de seguridad.

Como siempre, estas propuestas a veces aparecen más con intenciones políticas que reales. Y no sólo es un “problema” de los grupos políticos más pequeños, sino que la influencia política también afecta al resto: ¿Se atrevería cualquiera de los dos grandes grupos políticos de España a aprobar una medida probablemente impopular como ésta, independientemente de que esté o no en su línea ideológica y la considere positiva?

Vía | Terra Motor