En los últimos meses se anda debatiendo sobre el futuro de nuestras infraestructuras viarias. Mientras el Ministerio de Fomento recorta el presupuesto destinado a las carreteras y desvía sus partidas hacia la construcción de líneas de ferrocarril de alta velocidad, que aglutinará el 76% de las inversiones, el asfalto queda relegado a un segundo plano en las prioridades de quienes deben velar por la instalación, conservación y mantenimiento de las infraestructuras que empleamos todos para una movilidad segura y eficaz.
En ese contexto, hace unas semanas la Asociación Española de la Carretera organizó una mesa de debate en la que los portavoces de los principales grupos parlamentarios en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados expresaron, en esencia, que la solución pasa por establecer un sistema de pago por uso de las carreteras, es decir, que quien quiera rodar por nuestras vías deberá pagar por ello en consonancia con los kilómetros que recorra.
