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Durante la semana pasada tuvo lugar en Madrid el Primer Encuentro Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial, a instancias de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Con el lema “Protegiendo Vidas”, el congreso tuvo como punto de partida la cifra de 120.000 muertos anuales en las carreteras iberoamericanas. En sus alocuciones, los ponentes expresaron la necesidad de encarar el problema de forma eficaz, ya que esas vías registran la tasa de mortalidad más alta del Mundo.

De no hacer nada, los números podrían duplicarse hacia 2020. La Organización Mundial de la Salud considera que para ese año los tres mayores problemas sociales serán las lesiones cardiovasculares, las enfermedades mentales y la siniestralidad vial.

Pero… ¿la elevada siniestralidad de las carreteras iberoamericanas es un problema de América o se trata de una cuestión global que nos afecta a todos?

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Últimamente la Seguridad Vial está pasando a ser fuente de uno de los debates más acalorados que se recuerdan en este país, por encima de la clásica discusión política de taberna o incluso superando a las más estridentes trifulcas futboleras. En estas disquisiciones sobre los males de la carretera viene siendo habitual que las personas se vayan posicionando. Y resulta curioso ver lo extremas que llegan a ser algunas posiciones. Si no fuera una cosa seria, daría para un chiste.

Mientras unos defienden la gestión de la Administración con uñas y dientes por tontos que parezcan sus planteamientos, otros no dudan en insultar al gestor público y a toda su familia con el pretexto de defender su libertad de elección en cada momento. Realmente es un debate fuertemente bipolarizado que acostumbra a ser maniqueo.

Al final, resulta que ni unos ni otros tienen la Verdad en sus manos. Afortunadamente.

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De todos es sabido que vivimos en un mundo donde las personas a menudo echan mano de la creatividad para paliar las carencias de las administraciones. Eso se hace evidente a la hora de regular las normas que rigen nuestra circulación. ¿Que uno necesita que la gente respete un hueco sin plantar el coche? Sin problema. Un spray, un toldo de obra y un momento de nada. Seca en 10 minutos. El bricolaje, al poder.

El problema viene cuando según la Ley te pasas de la raya y acabas arrestado, como le ocurrió a un tal Whitney Stump en la ciudad de Muncy (Indiana, Estados Unidos). Tras pintar un paso de peatones junto a su casa, acabó entre rejas.

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No importa el carnet por puntos, ni la mayor presencia de radares fijos en las carreteras, ni las futuras amenazas de cárcel para los conductores temerarios. La DGT ha cerrado el 2007 con un balance sancionador positivo, y sus previsiones para 2008 suponen unos ingresos de 360,64 millones de euros en multas, lo que supone un incremento del 12%, y una cifra que ayudará a que por primera vez el presupuesto de la DGT supere los 1.000 millones de euros.

Esta cifra de ingresos por multas debería ser decisiva en los avances previstos en materia de Seguridad Vial, como una red completada de 500 radares fijos, un centro de automatización de denuncias o un nuevo Código Penal que castigará con cárcel a los conductores más peligrosos. De esta forma, la intención de la DGT es reforzar su control sobre las carreteras en 2008, para intentar que el descenso en el número de víctimas que veníamos protagonizando en España siga en esta línea.

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El Grupo Parlamentario Vasco presentó una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados consistente en que todos los vehículos asegurados exhiban un distintivo que así lo acredite, de forma que se pueda controlar de una manera mucho más efectiva que todos los automóviles en circulación vayan con el seguro en vigor. El PNV hace hincapié en la importancia de las responsabilidades derivadas de los accidentes para proponer que el seguro obligatorio sea controlado más efectivamente.

Según la normativa vigente, si un conductor manifiesta tener su coche asegurado, aunque no lleve los papeles que así lo acreditan encima, la única sanción que pueden imponerle los agentes de la autoridad es una multa de 60 euros y la notificación de que dispone de 5 días para acreditar ante la administración la existencia real del seguro en vigor.

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Por fin en este país nos estamos dando cuenta de la prioridad absoluta que merece uno de los mayores problemas de nuestro siglo: los accidentes de tráfico. El grupo parlamentario catalán CiU había difundido una nota hoy mismo en la que aseguraba que es “prioritaria y necesaria una acción global y conjunta desde el Gobierno”, al que pedía en la misma que dedicara “todos los esfuerzos y recursos necesarios” para reducir de una vez por todas la alta siniestralidad en carretera.

En el Congreso de hoy martes, CiU estaba absolutamente dispuesta a defender una proposición de ley en la que reclamaba al Gobierno la creación de una Secretaría de Estado de Seguridad Vial (que el Fiscal General del Estado ya apuntó como necesaria en su última memoria), dependiente de la Vicepresidencia Primera. Sin lugar a dudas, sería un buen primer paso para establecer definitivamente la Seguridad Vial como un punto clave de cualquier política de Estado. Y ese paso ha sido en firme.

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Que los radares no son perfectos lo tenemos todos bastante clarito y algunos más que otros. Que deben, por ley, manejarse con cierto margen de error también es de conocimiento público. Pero que la administración es consciente de que fallan más de lo que deben y en vez de hacer algo por cambiar esa situación se limitan a estirar la mano y cobrar; es más o menos nuevo.

Lo publican hoy los periódicos locales de Bizkaia: un conductor de la empresa interurbana de la provincia cazado, con su autobús articulado, a 235km/h en una zona de autopista que discurre por suelo urbano. Técnicamente imposible.

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