Nuevo procedimiento sancionador: ¿Acaba el deporte nacional del recurso o esto es sólo para recaudar más?

Un mosso habla con el conductor de un camión

Echándole un ojo al nuevo procedimiento sancionador que aprobó el viernes el Consejo de Ministros, sólo hay una cosa que podamos decir a priori: que Dios nos pille confesados. Y no por las medidas en sí, sino por el barullo que se va a formar en nuestro país con algunos de los puntos que se tratan y con la misma reforma en sí.

Esto promete. Desde Circula Seguro hemos querido abordar la cuestión del modo más aséptico posible porque la reforma que se está trabajando en el Gobierno da para muchas y variadas discusiones, así que lo mejor es conocer de qué va esto del nuevo procedimiento sancionador y que cada cual decida cuál es su postura al respecto.

Dicen en el Gobierno que la idea es cobrar el 100% de las sanciones que se imponen y así acabar con el atasco de ese más de un 40% de los expedientes que actualmente se pierden en medio del proceso burocrático. Y todo, por el módico precio de 6.000 euros, que es lo que costará llevar a la práctica esta reforma.

¿Cómo lo harán?


Las claves del nuevo procedimiento

Un solo aviso basta. Ni tres avisos y un pescozón ni nada. Si el infractor no tiene alegaciones el procedimiento se dará por concluido en un mes y la sanción será firme y ejecutiva. Se recorta el tiempo que pasa desde la infracción hasta el cobro de la sanción.

La Administración podrá hacer llegar sus notificaciones por e-mail. De hecho, la DGT expedirá una Dirección Electrónica Vial por cada titular de vehículo y para quienes la soliciten. Se agiliza y abarata el proceso de notificación de la infracción.

La Administración colgará en un tablón de edictos virtual aquellas denuncias que no haya podido hacer llegar a los infractores. Se acaba la obligación de publicar estas notas en los boletines locales, provinciales, autonómicos o en el BOE.

El descuento por pronto pago aumenta del 30% al 40%. El infractor dispondrá de 15 días para beneficiarse económicamente de esta medida de gracia que compensa al conductor que salda sus cuentas de forma ágil.

Las cuantías de las sanciones serán proporcionales a la peligrosidad de los hechos denunciados y no en función del lugar donde se cometió. Se tendrán más en cuenta, por tanto, las circunstancias que rodean al hecho denunciado.

Las denuncias por exceso de velocidad se cuantificarán en relación con los kilómetros por hora de exceso, y no siguiendo una tabla de porcentajes. Esto en principio supone una mayor exactitud a la hora de sancionar los excesos de velocidad.

Los números redondos (100, 200, 500 euros) servirán para cuantificar las sanciones según si son leves, graves o muy graves, aumentándose en un 30% si concurren circunstancias adicionales. Se acabaron las franjas 1-90, 91-300 y 301-600, heredadas de los tiempos de la peseta.

No se interviene el permiso de conducir por infracciones graves, sino sólo por infracciones muy graves, que comportará una retirada de dos meses. Se acaban las legendarias retiradas “de uno a tres meses”.

Se suspenderá el Permiso de Circulación del vehículo con que se cometa una infracción si no se identifica al conductor responsable de ella. Esto podría evitar el escaqueo cuando son varios los conductores de un mismo coche.

En el caso de sanciones por infracciones detectadas con radar sin ordenar la detención del vehículo, la responsabilidad recaerá sobre el conductor habitual y no necesariamente sobre el titular del vehículo.

Los infractores no residentes en España tendrán prohibido conducir durante un mes y se les anotará la pérdida de puntos del permiso. Se cierra el círculo alrededor de la impunidad de aquel que se sabe libre de todo cargo.


¿Qué significa todo esto?

A la hora de valorar esta reforma hay que andarse con pies de plomo. Vivimos en un país en que se politiza hasta la forma de elaborar una paella de domingo, por lo que algunas voces críticas con el Gobierno han atribuido este cambio normativo a lo que consideran un fracaso en la consecución de objetivos del permiso por puntos y un desesperado intento de recaudar dinero de hasta debajo de las baldosas. El tiempo dirá si con estas medidas se recoge más que antes o no, pero lo que está claro es que se escaparán menos peces de las redes.

Otra visión que podríamos encontrar es aquella de los que ven en el nuevo procedimiento sancionador una posibilidad de hacer limpieza de todos esos casos que se perdían entre papeles o simplemente una oportunidad para evitar el crecimiento del deporte nacional de recurrir sanciones. Que si hay que recurrir, se recurre, pero recurrir para nada es tontería. Verdaderamente, que aparezca en la tele un señor calvo con pinta de mafioso (y lo siento por el actor, pero es así) cantando a los cuatro vientos cómo se escaquea sistemáticamente de pagar multas es algo antiestético para un país serio.

Y una última posible lectura es la que dan quienes son próximos a la medida. Según esta visión, la reforma otorgará mayor agilidad a la Administración puesto que se eliminan periodos de tiempo y se hace más directa y menos costosa económicamente la relación entre Administración y administrados, echando mano de internet para conseguir este objetivo. Sin embargo, ni todo el mundo tiene acceso a internet ni tiene por qué tenerlo. ¿Quién se hará cargo de la situación cuando a un jubilado que se comió un radar le embarguen la pensión por no haber sabido acceder a su cuenta de e-mail?

Foto | © Miquel Bort (reproducida bajo autorización)

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