Manifestación en el centro: ¿cómo se resiente la movilidad?

movilidad en una manifestacion

Los actos de Reunión y Manifestación suponen un derecho reconocido en nuestra Constitución en su artículo 21, estando además regulados por varias leyes. Se trata pues de un derecho completamente legítimo, por el que además nuestros antepasados lucharon para conseguirlo. Debemos pues aceptar y apoyar que otras personas decidan manifestarse, siempre que lo hagan de acuerdo a la ley. Sin embargo, como actos de carácter extraordinario en el que participan un importante número de personas, pueden afectar al curso ordinario de la ciudad, y en concreto de la movilidad. A continuación vemos qué puede ocurrir en estos casos, y qué mecanismos existen para minimizar sus efectos.

Manifestaciones y reuniones en la vía pública

Según la Constitución Española, “se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de veinte personas con finalidad determinada.” Por su parte, cuando habla de “manifestación”, añade el matiz de que se celebran “en lugares de tránsito público” y que “se desplazan de un sitio hacia otro”.

La propia Constitución, como las leyes que lo regulan (especialmente la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión) hacen hincapié en este matiz, en caso de manifestación (que ya da por hecho que se realizará en el exterior) como en el de reunión, cuando ésta tiene lugar en lugares de tránsito público. Se reconoce así implícitamente la posibilidad de que este tipo de actos pueden afectar a las condiciones normales del espacio público.

Por ello se establecen unas normas mínimas (comunicación por escrito con diez días de antelación), con el fin de que se puedan tomar las medidas de seguridad necesarias. Igualmente se recoge la posibilidad de modificar o prohibir una convocatoria si existen “razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes”.

Cómo afecta una manifestación al tráfico

movilidad en una manifestacion

Las convocatorias de las manifestaciones suelen tener lugar en puntos céntricos de la ciudad, salvo que se escoja una ubicación  especialmente significativa por el motivo de la misma. Para el trayecto se prefiere escoger grandes y amplias avenidas, como Gran Vía en Madrid o Passeig de Gràcia en Barcelona. Así, se favorece el tráfico fluido de los manifestantes.

Para ello, estas vías de paso suelen ser cortadas al tráfico como medida de seguridad si las autoridades lo consideran. Al cortar estos nexos de comunicación tan céntricos, el tráfico se complica y suelen producirse retenciones y atascos en toda la zona. Debido a ello, las autoridades suelen recomendar evitar el transporte en vehículo particular. Incluso en ocasiones se contacta a los comerciantes de la zona para que adelanten o atrasen la carga y descarga de mercancías de sus establecimientos.

En el caso de las convocatorias destinadas a perjudicar explícitamente el tráfico, los problemas de movilidad pueden extenderse a las vías interurbanas e incluso a los servicios de ferrocarril y aeropuerto. Un caso extremo lo tenemos en las manifestaciones celebradas en Francia por los colectivos de “chalecos amarillos”, que han llegado a colapsar carreteras y áreas de servicio en nuestro país. Este tipo de convocatorias son ilegales, ya que tal como dice la Ley del derecho de reunión, son motivo de alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes.

Cómo afecta una manifestación al transporte público

También el transporte público puede verse afectado en estas circunstancias, especialmente el bus urbano y el tranvía. En el primero de los casos son habituales los cambios en el recorrido en aquellas líneas que circulen próximas a la manifestación; en el caso del tranvía, pueden darse limitaciones de servicio en aquellas líneas cuya ruta cruce el recorrido manifestación.

Por su parte, los servicios de metro generalmente mantienen el horario habitual del día (laborable o festivo). Sin embargo, las entidades de gestión pueden tener que adoptar medidas ante la previsión de una mayor afluencia de usuarios: ordenación de flujos, cortes intermitentes, enlaces por el exterior…

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Consecuencias de una huelga de transporte en la movilidad de una ciudad

A los inconvenientes de movilidad surgidos de la celebración de una manifestación, se le pueden unir los derivados de una huelga del sector del transporte. La huelga laboral es también un derecho básico de los trabajadores reconocido por la Constitución Española en su artículo 28. Consiste en líneas generales en la suspensión colectiva de la prestación de un trabajo, de carácter temporal y decidida por los trabajadores de forma organizada ante un determinado desacuerdo laboral.

Así pues, de producirse en una o varias entidades de transporte público, la movilidad de la ciudad se verá afectada principalmente de dos formas: Primero, porque dejarán de prestarse los servicios de transporte en sí mismos, con la reducción de frecuencias y rutas en base a los conocidos como “servicios mínimos”. La Ley del Estatuto de los Trabajadores fija un porcentaje mínimo de trabajo que deben prestarse en servicios esenciales, como es el caso del transporte público, para evitar incidentes de gravedad.

En segundo lugar, y como consecuencia de la falta de transporte pública, puede darse un uso del vehículo particular mayor que el habitual. Se producen de este modo retenciones y atascos en las vías urbanas, especialmente en las horas puntas y en determinados lugares como escuelas, centros de trabajo, etc. Ya vimos las consecuencias de una mayor dependencia del coche en las pequeñas localidades con carencias en servicios de transporte.

Además de las huelgas del transporte público, también deben tenerse en cuenta las del llamado “transporte discrecional”. Este sector se compone de empresas privadas de transporte (generalmente de autobuses) pero que cubren cada día necesidades muy concretas de la movilidad de los ciudadanos. Un recorte en el servicio de este tipo de transporte puede afectar también de manera significativa la movilidad general de toda la ciudad.


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