Estas son las 80 medidas que la Fundación MAPFRE ha propuesto para la nueva legislatura

80 medidas seguridad vialDurante los últimos años, son muchas las señales que nos indican que existe un estancamiento en cuanto a mejora de la siniestralidad. Las estadísticas en el continente europeo así lo delatan. Por eso, vuelve a ser más que relevante un compromiso de los poderes públicos por tratar de seguir avanzado en la reducción de víctimas. En esa línea, la Fundación MAPFRE ha instado a los gobernantes de las nuevas legislaturas que comienzan a sellar un Pacto de Estado por la Seguridad Vial.

Lo ha hecho junto a la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico (AESLEME) y la Asociación Española de la Carretera (AEC), en un documento donde se solicitaba a los candidatos, antes de las elecciones, que asumieran el necesario compromiso con la seguridad vial. A propósito de esto, se concretan hasta 80 medidas clave para combatir ese estancamiento de la siniestralidad y seguir avanzando hacia el Objetivo Cero.

Erradicar las víctimas del tráfico, lejos de parecer una quimera o ser un objetivo que se haya de retrasar a la consecución de la última de las etapas de la conducción autónoma, no deja de ser una responsabilidad crucial en nuestra sociedad. Que se pueden seguir dando pasos certeros es una realidad.

Sin ir más lejos, recientemente la Unión Europea anunciaba la obligatoriedad de incorporar a los vehículos hasta 15 tecnologías de seguridad vial para 2022. Es una demostración de lo que los poderes públicos están en disposición de hacer, cada uno en su ámbito.

80 medidas concretas para reducir la siniestralidad

Seguridad Vial en EspañaEl documento impulsado por la Fundación MAPFRE centra las propuestas en nueve áreas concretas: la de la actividad política, sanidad, infraestructuras (con dos capítulos dedicados a las vías urbanas y a las interurbanas), vehículos, educación, formación, justicia, investigación e innovación y seguridad vial en el entorno urbano.

Entre lo que se reclama a la clase política, una de las medidas más relevantes, precisamente, es la de conformar el mencionado Pacto de Estado por la Seguridad Vial. Además, se pide la creación de una Agencia Estatal de Seguridad Vial, el aumento de la inversión, potenciar la coordinación entre administraciones, apostar por una mayor agilidad legislativa y revisión normativa. Esto también afectaría al ámbito de la Justicia, apoyando la formación de jueces, magistrados y fiscales, los procedimientos por juicio rápido y el cuidado de las víctimas.

Por cierto que, dentro del capítulo político se menciona una revisión de la obligatoriedad del casco en ciudad para bicicletas, y también para todos los Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

300 millones de euros más para las carreteras

De entre las 80 medidas del documento, destacan algunas como el nuevo impulso económico que debería recibir la Red de Carreteras del Estado. La conservación del firme y la mejora del equipamiento viario constituyen dos prioridades. Es preciso salvar los 7.000 millones de déficit y aumentar en 300 millones la inversión en un periodo de ocho años.

Para ello, sería fundamental la apuesta por las denominadas «carreteras que perdonan» y potenciar un plan de carreteras 2+1. Estas dos medidas podrían salvar muchas vidas. En el entorno urbano, se pide una Estrategia de “Sistema Seguro” que potencie el papel de la infraestructura en la reducción de las consecuencias de los errores humanos.

Del mismo modo, muchas de las medidas en este último apartado van encaminadas a garantizar unos requisitos mínimos de seguridad para peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios de los VMP. Un buen punto de partida consistiría en potenciar la conciliación de las diferentes normas que los afectan.

Incorporación de tecnologías de seguridad en vehículos

TriángulosLa propuesta también recoge la utilidad de acelerar la incorporación de tecnologías de seguridad vial que reducirían la siniestralidad de forma ostensible. Buena muestra de esto son los sistemas de asistencia a la conducción ADAS.

Lograrlo requiere revisar las normas, acuciar a los fabricantes y que las ayudas a la compra de vehículos prioricen estos aspectos. El objetivo es que las prestaciones de seguridad vial no sean una prestación de lujo. También se especifica la necesidad de apostar por otras formas de movilidad más limpias, como el coche eléctrico.

Muchas de las 80 medidas lanzan propuestas en educación y formación. Así, se solicita una mayor presencia de los contenidos de seguridad vial en todos los niveles educativos. En el área de la formación, encontramos iniciativas concretas como la inclusión de un mínimo de 10 horas de
clases teóricas obligatorias presenciales o la disponibilidad de los cursos de perfeccionamiento de la conducción, entre otras.

Una cuestión de sostenibilidad

La seguridad en las ciudades se encuentra relacionada con ese cambio en la movilidad que estamos viviendo. De este modo, entre las medidas encontramos la de promover vehículos menos contaminantes y potenciar las zonas de urbanas con límite de 30 km/h. Estas contribuyen a proteger a los usuarios más vulnerables y calman el tráfico.

La idea es cambiar la concepción social de la movilidad a otro tipo de modelos:

El modelo de “sociedad de las prisas” debe de contrarrestarse con un modelo de sociedad que reclama una eco-movilidad sostenible y segura. Crear la cultura de la seguridad vial significa un compromiso institucional que comience por un pacto de sociedad: porque de la vida todos somos responsables.

Por eso, educación y formación se tornan imprescindibles para entender, no solo la situación de la seguridad vial actual, sino también hacia dónde nos dirigimos.

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